Los ambientólogos andaluces lleva a los tribunales a la Junta de Andalucía

La Consejería de Gobernación y Justicia niega la creación de un Colegio Oficial a pesar de que el colectivo cumplía toda la normativa en el momento de su solicitud en 2007.

Los licenciados en Ciencias  Ambientales de Andalucía, reunidos  el pasado domingo, en la II Asamblea de Promotores y Licenciados en Ciencias Ambientales, denunciarán al Gobierno andaluz por no respetar sus propias leyes.

El día 23 de enero de 2007 se solicitó la creación de un organismo oficial para los profesionales del Medio Ambiente. Cumpliendo todos los requisitos y tras dos años de proceso, cumplimentación de las distintas subsanaciones requeridas y entrevistas con cuatro directores y directoras generales  de Justicia, y de distintas instituciones, en el último encuentro con el Director General  de Entidades y Cooperación con la Justicia, Jorge Pérez de la Blanca Capilla, se comunicó que la creación del Colegio Oficial de licenciados en Ciencias Ambientales no será posible.

La razones, la imposibilidad del colectivo de contar con atribuciones exclusivas y la ausencia de una ley que regule la profesión de ambientólogo, tal y como se recoge en el Decreto 216/2006.

Ante esta respuesta,  la Junta Gestora del Colegio Oficial de Ambientólgos de Andalucía (COAMB) convocó la II Asamblea de Promotores  y Licenciados en Ciencias Ambientales, de la comunidad autónoma, para concluir que inciarán la vía contencioso- administrativo para que sea el juez quién interprete la ley. Además, crearán, de manera provisional, una Asociación Profesional que defienda los derechos, vele por los intereses de sus miembros y certifique la aptitud de los profesionales del Medio Ambiente.

En España, actualmente, existen colegios de ambientólogos en Valencia, Baleares y Cataluña. En estas Comunidades, los profesionales del medio ambiente, tiene acceso a la función pública y están reconocidos profesionalmente.

Desde el colectivo no se entiende como se puede apostar tanto por la Sostenibilidad como por el Medio Ambiente desde el Gobierno regional y negar una institución oficial a trabajadores de materia.